1. Conceptos de Origen y de Legitimidad

1.1 Origen

Preguntarse por el origen del poder político equivale a investigar cómo, cuándo y por qué surgieron las primeras comunidades humanas en las que hubo una clara división entre gobernantes y gobernados. F. Nietzsche argumentó en sus obras que ese origen violento de cualquier reino es la clave para entender la realidad política, porque, en su opinión, el afán de dominio de los unos sobre los otros es la raíz misma del poder político.

1.2 Legitimidad

Independientemente de cuál haya sido el origen histórico de un fenómeno, cabe preguntarse si tal fenómeno es positivo o negativo. La pregunta por la legitimidad del poder político nos lleva a plantearnos si ese tipo de poder debe existir o no, si está justificado que exista, o si más bien debería desaparecer. La mayor parte de los filósofos han argumentado que el poder político es necesario para que funcione cualquier sociedad, tanto más necesario cuanto más numerosa sea la población. Pero no todo poder político es legítimo. En ambos casos necesitamos criterios para distinguir lo legítimo de lo que no lo es. El criterio de legitimidad del poder político es que cumpla bien su función, que es la de hacer justicia entre los ciudadanos cuando alguno de ellos ha dañado a otro, porque se supone que todos ellos han renunciado por igual a tomarse la justicia por su mano.

2. Ciudadanía Moderna

2.1 Ciudadanía y Estado

Aunque las raíces de la ciudadanía sean griegas y romanas, el concepto actual de ciudadano procede sobre todo de los siglos XVII y XVIII, de la revolución francesa, inglesa y americana. A lo largo de la Edad Media se forjó la noción de derechos naturales, propios de todo ser humano, y para proteger esos derechos se fue instaurando poco a poco un nuevo tipo de comunidad política: el Estado nacional moderno como institución que se obliga a defender la vida, la integridad y la propiedad de sus miembros. El actual concepto de ciudadanía, ligado en principio a los dos lados de la expresión Estado nacional: Estado y nación. El término Estado fue utilizado por vez primera por Nicolás Maquiavelo en la expresión stato refiriéndose con él a la organización estable, al aparato establecido, con sus cargos o burocracia y su gobernante, el Príncipe.

2.2 Ciudadanía e Inclusión en el Estado

1. Concepción liberal que mantiene una separación entre las libertades civiles y los derechos políticos. Las primeras han de ser garantizadas a ejercidos por los ciudadanos que formen parte del grupo étnico-cultural que sirva de base al Estado de que se trate.
2. Concepción republicana. En la tradición republicana no habría lugar para excluir de los derechos políticos a ningún colectivo social puesto que se considera a la sociedad política como una asociación de miembros libres e iguales de una comunidad de derecho. Dicha comunidad de derecho se considera producto de un contrato social en el que los participantes han consentido vivir bajo leyes reguladoras de las libertades políticas.
3. Concepción comunitarista del Estado y de la ciudadanía, que reclama mayor atención a los vínculos étnicos y culturales. Frente a esta visión del ser humano, el comunitarismo mantiene que existen unos vínculos formados por la cultura y la procedencia étnica compartida dentro de cada pueblo, y que esos lazos afectivos son la base de solidaridad necesaria para que pueda existir el Estado.

2.3 Ciudadanía y Derechos Humanos

Derechos civiles

• El Edicto de Nantes, comenzó a reconocerse públicamente la libertad de conciencia.
• El Acta de Habeas Corpus. El prisionero debía ser presentado ante el juez en un breve plazo, para que este confirmara la legalidad de la acusación.
• La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa (1789).

3.2 Nuevas Facetas de la Ciudadanía. Ciudadanía Cosmopolita

La noción de ciudadanía cosmopolita es un ideal que tal vez algún día se pueda hacer realidad si ya desde ahora lo tomamos en serio como un objetivo digno de ser alcanzado. Consiste dicho ideal en que construyamos un mundo en el que todas las personas se consideren ciudadanas de pleno derecho en cualquier lugar del planeta, sintiéndose parte activa y responsable en la marcha del mundo.

3. Las Normas del Orden Social

3.1 Las Normas de Convivencia y sus Clases

1. Las normas morales cada uno ha de asumirlas como propias de modo consciente y libre; obligan en conciencia. Estas normas constituyen el ámbito de la moralidad.
2. Las normas jurídicas las establecen las autoridades en el seno de cada comunidad política, y van dirigidas a todos los habitantes del territorio. Cuentan con el respaldo del poder político, con la posibilidad de cumplir por la fuerza estas normas.
3. Los usos sociales son costumbres que no tienen el rango de normas morales ni tampoco la obligatoriedad de las jurídicas, como las normas de cortesía. El incumplimiento de los usos sociales no es inmoral ni ilegal, pero la sociedad muestra de muchas maneras su rechazo a quienes no siguen las costumbres establecidas.

3.3 Argumentos para Legitimar la Existencia del Poder Político

1. Argumentos de tipo teológico. El poder político existe porque así lo quiso la divinidad, los dioses o el propio Dios.
2. Argumentos de tipo naturalista: el poder político es una necesidad natural de la especie humana. Mientras que las abejas viven en colmenas, los humanos vivimos en comunidades políticas mayores que la familia y que la aldea. Esas comunidades han de estar regidas necesariamente por alguna autoridad a quien los demás deben obedecer. Este argumento ha sido utilizado sobre todo por Aristóteles y sus seguidores. Este filósofo señala que difícilmente pueden sobrevivir las familias aisladas o las pequeñas aldeas, mientras que agrupadas en una comunidad política, la polis, no solo pueden sobrevivir, sino vivir bien, vivir como seres humanos.
3. Argumentos de tipo funcionalista. Desde Hobbes hasta Max Weber y otros muchos, han argumentado que el poder político existe en la mayoría de las sociedades humanas, probablemente en todas, porque es útil y beneficioso para sus miembros que exista una autoridad política que mantenga el orden social y la convivencia pacífica.